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Cooperativistas mineros ratifican pedido de abrogación del DS 5676 en defensa de la economía popular

CCB / Miércoles 09 de Septiembre de 2026
Secretario de seguridad social de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Silverio Llanque.

El secretario de seguridad social de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Silverio Llanque, manifestó la firme postura del sector de mantener la exigencia de abrogación del Decreto Supremo 5676. La medida busca frenar los efectos económicos adversos derivados del incremento en el costo del diésel y salvaguardar los derechos fundamentales de las familias bolivianas frente a la coyuntura actual.

"Creo que es un pedido no simplemente del movimiento cooperativo, sino que también de todos los actores. Por supuesto que nosotros habíamos planteado en primera instancia que vamos a pedir su abrogación y vamos a mantener nuestro pedido, porque no podemos vulnerar el derecho a vivir de nuestras bolivianas y bolivianos", ratificó Llanque.

En su pronunciamiento, el dirigente remarcó que este reclamo no responde a intereses aislados, sino que refleja una preocupación generalizada que afecta de manera directa a diversos sectores de la sociedad. Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de actuar en congruencia con la realidad que enfrentan los trabajadores, trabajadores independientes y emprendedores en todo el país.

El representante también expresó la solidaridad del movimiento cooperativista con la clase media y con aquellos sectores que dependen del ingreso diario, entre ellos los trabajadores del rubro de refrescos y transporte. Advirtió que un costo elevado del combustible —alcanzando hasta 18 bolivianos el litro de diésel— atenta directamente contra el acceso a la canasta familiar y la estabilidad económica de la población.

Finalmente, el sector reiteró que mantendrá su postura de manera firme e inamovible hasta lograr una respuesta favorable por parte de las autoridades correspondientes. Con esta ratificación, el movimiento cooperativo reafirma su compromiso de defensa social e insta al diálogo y a la revisión de la medida para evitar mayores perjuicios a la economía nacional.

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