Analista económico advierte que proyecto de Ley de Inversiones abre las puertas a la venta de empresas públicas

El analista económico Martín Moreira, expresó una profunda preocupación ante el tratamiento de la propuesta de Ley de Inversiones que se envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional, advirtiendo que su impulso —sin haber consolidado previamente marcos normativos clave en minería, hidrocarburos y recursos estratégicos— deja al Estado en vulnerabilidad regulatoria y abriría las puestas a la venta de las empresas públicas estratégicas.

Asimismo, alertó que el proyecto actual abre la puerta también a arbitrajes internacionales por “nacionalización indirecta” si el Estado intenta aplicar controles ambientales o sanitarios, además de carecer de garantías para evitar la fuga de divisas.

“Si no hay leyes de minería e hidrocarburos y cuánto es la participación del Estado, una ley de inversiones es un saludo a la bandera (…) la ley de inversiones te abrir las puestas a la venta de las empresas públicas porque Bolivia ya no va poder, uno digamos si estas acogido a un contrato, si hay regulaciones ambientales, de salud, o el tema de costos y precios nosotros no vamos a tener tuición y nos van a meter juicios a través de arbitrajes”, sostuvo Moreira a la Agencia de Noticias CCB.

Entre los aspectos más críticos identificados se señala la falta de regulaciones explícitas que obliguen a las corporaciones transnacionales a liquidar sus divisas en el Banco Central o mantener un porcentaje de las ganancias en el mercado local. Esta omisión posibilitaría que los capitales y dólares generados por la explotación de recursos naturales salgan libremente del territorio nacional, dejando al país sin la liquidez económica que teóricamente se busca atraer con esta normativa.

Respecto a la creación de la Agencia Nacional de Inversiones, se subrayó la urgencia de estructurar este organismo bajo un estricto mapeo anticorrupción que transparente cada proceso de adjudicación de bienes y recursos públicos. La ausencia de este monitoreo institucional incrementa el peligro de favorecer de forma discrecional a ciertas transnacionales, al tiempo que los contratos bajo reglas de inversionistas podrían flexibilizar la Ley General del Trabajo y debilitar la soberanía del Estado sobre sus recursos naturales.

Finalmente, se exhortó a la Asamblea Legislativa a analizar con rigor el alcance de la ley antes de su aprobación, advirtiendo que, sin normativas sectoriales previas que definan claramente la participación estatal y la protección del medio ambiente, la ley difícilmente captará inversiones de impacto real antes de fin de año.