Mineros piden al Gobierno la socialización del proyecto de ley de inversiones que se enviará a la ALP para su aprobación

El secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andres Paye, pidió este lunes al Gobierno la socialización imperativa de toda normativa del nuevo proyecto de ley de inversiones que según se anunció sería presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, este martes, para su aprobación.

"Toda normativa, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, tiene que cumplir sus diferentes etapas. La etapa de la socialización va a ser muy importante en ese tema, donde realmente todos los bolivianos o quienes realmente tengan que ver con la afectación, en realidad todos, mediante sus representantes, tienen que sí o sí discutir, conocer a profundidad y ver cómo está el planteamiento y qué pueden replantear también la población boliviana", sostuvo Paye.

Bajo este enfoque regulatorio, se defiende que los recursos económicos obtenidos mediante el financiamiento internacional deben canalizarse de forma transparente hacia la generación de infraestructura y desarrollo industrial. Se rechaza categóricamente que estos fondos se diluyan en cuentas corrientes o gastos de funcionamiento interno, orientando el esfuerzo hacia modelos mixtos donde tanto la inversión pública como la privada convivan bajo un marco legal estricto y predecible.

Asimismo, aseguró que el éxito de la explotación de los recursos no renovables radica en el impacto social que genere en las comunidades. Cualquier propuesta de inversión económica debe traducirse de forma inmediata en la creación de fuentes de empleo dignas, estabilidad laboral, seguridad jurídica y en una sólida garantía financiera que resguarde los intereses económicos del Estado principalmente y no solo sirva para hacer más ricos a las transnacionales.

Finalmente, se recuerda el mandato de la Constitución Política del Estado, la cual determina explícitamente que los recursos naturales del territorio son propiedad inalienable del pueblo boliviano. En este marco legal, el Estado asume un rol estrictamente administrativo, con la obligación de gestionar y tutelar dichos bienes con la máxima responsabilidad social, garantizando que los beneficios económicos permanezcan en manos de sus legítimos dueños: las y los bolivianos.