Trabajadores mineros advierten que ninguna norma puede sobrepasar la CPE tras presentarse proyecto de Ley de Inversiones

El secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Edwin Peredo, manifestó su profunda preocupación y estado de alerta ante el la normativa impulsada por el Gobierno central, como la Ley de Inversiones. Tras un exhaustivo análisis, la dirigencia denunció la existencia de serios vacíos legales y advirtió que estas medidas parecen orientadas a una modificación encubierta de la Constitución Política del Estado, sin reportar beneficios tangibles para el pueblo boliviano.

“Cualquier decreto o ley que quieran aprobar mediante la Asamblea Legislativa tengan que darlo una lectura, cualquier decreto o ley no tiene que sobrepasar la Constitución Política del Estado y la Federación de Mineros vamos a seguir analizando”, enfatizó el representante del sector minero.

Desde la perspectiva sindical, el andamiaje normativo reciente carece de un impacto positivo real en las bases trabajadoras y en la economía popular. El sector lamenta que, a pesar de la gran cantidad de decretos promulgados en el último tiempo por el Ejecutivo, no se visualicen resultados concretos que dinamicen el aparato productivo nacional o que resuelvan las demandas históricas de los obreros.

Ante este escenario, la FSTMB hizo un llamado urgente a la población de la ciudad de La Paz y a nivel nacional a mantenerse vigilantes y tomar muy en cuenta cada una de las disposiciones legales que pretenden implementarse. Para el sector minero, es fundamental que la ciudadanía examine críticamente el alcance de estas normas para evitar que se vulneren los intereses comunes de la sociedad boliviana.

Finalmente, la dirigencia ratificó que mantendrá una postura firme de fiscalización y debate permanente, enviando un mensaje directo a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Exhortaron a los parlamentarios a actuar con la máxima responsabilidad social y legislativa, recordando que su labor primordial es asegurar que toda ley se subordine estrictamente al marco constitucional vigente.