Analista económico asegura que condiciones del FMI pisotean la Constitución Política del Estado y amenazan los recursos del país

Tras develarse que el incremento del precio del diésel se debió a una de las condiciones que impuso el Fondo Monetario Internacional a Bolivia para el acceso a créditos, el analista económico Martín Moreira, cuestionó duramente estos condicionamientos, afirmando que aceptar estas exigencias vulnera la Constitución Política del Estado, aseguró que la falta de transparencia sobre estas obligaciones financieras pone en riesgo sectores estratégicos del país.

"Según la Constitución Política del Estado, para recibir cualquier crédito no tenemos que recibir ningún tipo de condicionamiento. En este caso se está pisoteando la Constitución... Estas condiciones son muy duras. ¿Entonces la ley de inversiones irá por la venta de las empresas públicas? ¿También será para la venta de las materias primas estratégicas, tanto minerales como hidrocarburos?", cuestionó Moreira frente a los medios de comunicación.

La controversia surge tras revelarse contradicciones entre ministros y exministros gubernamentales. Mientras Gabriel Espinoza habría asegurado previamente que el crédito del FMI no conllevaba condicionantes, declaraciones posteriores del actual ministro de la presidencia Fernando Aramayo, confirmaron la existencia de condicionamientos estrictos. Esta situación genera incertidumbre sobre el alcance real de las negociaciones y los compromisos asumidos.

Moreira, cuestionó, si la aplicación de eventuales leyes de inversiones derivará en la privatización o venta de empresas estatales, así como en la entrega de recursos naturales estratégicos —como minerales e hidrocarburos— a capitales externos. El sector alertó sobre el impacto de las exigencias habituales del FMI, tales como la devaluación de la moneda, la eliminación de subvenciones y el recorte del gasto público para priorizar únicamente el pago de la deuda externa.

Finalmente, Moreira exhortó al Gobierno nacional a reconsiderar el rumbo económico y viabilizar alternativas de financiamiento que no comprometan la soberanía nacional ni ahoguen a la población. Advirtió que aceptar estas medidas equivaldría a "ponerse la horca" y exigió que se busquen condiciones justas y sostenibles que velen por el bienestar de todos los bolivianos.