Sector agropecuario califica al DS 5676 como discriminatorio e improvisado porque no soluciona hasta ahora las filas por diésel en el país

Ante la persistente crisis por el abastecimiento de combustible, el sector agropecuario del país se declaró en estado de emergencia y cuestionó el Decreto Supremo 5676 calificándolo como una norma discriminadora y totalmente improvisada porque hasta la fecha no ha solucionado el problema de la falta de diésel en todo el territorio nacional, así lo señaló el presidente de la CAO, Klaus Frerking.

Ratificó también la convocatoria a su encuentro de carácter nacional para definir las medidas que adoptará el rubro. La cumbre reunirá a los representantes de las distintas cámaras agropecuarias del territorio boliviano este jueves a las 09:00 a. m. en la sede de AGALEWAR, ubicada en el municipio de Warnes.

"El punto número único que tenemos como productores para el día jueves es la abrogación total del Decreto Supremo 5676. Consideramos que es un decreto discriminador porque solo es para el sector productivo y solo nosotros consumimos el 16% del combustible que necesita Bolivia", acotó Frerking.

Los productores calificaron la normativa vigente como una medida "improvisada" que no ha logrado erradicar las largas filas en las estaciones de servicio ni resolver la escasez de carburantes en las zonas productivas. Según el sector, la regulación ha distorsionado aún más el mercado, provocando que el combustible continúe comercializándose a través del mercado negro e incrementando la especulación.

Asimismo, la dirigencia argumentó que resulta injusto hacer recaer la presión normativa sobre los productores agropecuarios, puesto que su consumo apenas representa el 16%, una fracción minoritaria del total de carburante que demanda el mercado nacional. Señalaron que el desabastecimiento actual paraliza las labores del campo y pone en riesgo la seguridad alimentaria.

Finalmente, las cámaras agropecuarias advirtieron que durante la jornada del jueves en Warnes se definirá una postura unificada a escala nacional para exigir al Gobierno medidas efectivas y transparentes. Reafirmaron que no tolerarán la continuidad de normativas que fomenten la corrupción y afecten la capacidad operativa del sector encargado de producir los alimentos del país.