Lara pide a Rodrigo Paz cumplir con destitución de Espinoza tras censura, de lo contrario se hace pasible a un juicio de responsabilidades

El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edman Lara, pidió hoy al presidente Rodrigo Paz, la destitución inmediata del ministro de Economía Gabriel Espinoza, tras haber sido censurado en el marco de las facultades constitucionales de la ALP. Los legisladores han subrayado que esta determinación es un mandato ineludible y que el incumplimiento por parte del Ejecutivo obligará a activar los procesos legales correspondientes ante la justicia.

“Si ellos no cumplen con la destitución, porque así dice la Constitución, ha sido censurado, se va a hacer pasibles a un juicio de responsabilidades. Nosotros ya estamos enviando la resolución, corresponde la destitución y, si ellos creen que actuamos nosotros de manera incorrecta, que activen la vía constitucional”, sostuvo Lara a la Agencia de Noticias CCB.

La controversia escaló luego de que el ministro Espinoza presentara una carta justificando su inasistencia a la interpelación, citando compromisos previos de agenda. No obstante, la Asamblea rechazó dicho justificativo al considerar que el ministro disponía de tiempo suficiente para reorganizar sus actividades, invalidando su defensa y procediendo con la aprobación de la censura bajo los mecanismos de votación de dos tercios.

Lara señaló que el Legislativo sustenta su postura en el marco de la Constitución y el Reglamento de la Cámara de Diputados, argumentando que el proceso es vinculante y cuenta con precedentes claros. Hizo especial mención al caso del exministro Eduardo del Castillo, quien fue censurado bajo el mismo procedimiento, reforzando el argumento de que este ejercicio de fiscalización se ajusta a la normativa vigente sin posibilidad de interpretaciones alternativas por parte del Ejecutivo.

Ante este panorama, la responsabilidad recae ahora en el Presidente, de quien se espera la remoción formal del ministro en las próximas horas. De no efectivizarse la medida, las autoridades parlamentarias han advertido que el Primer Mandatario y sus colaboradores podrían incurrir en responsabilidades legales por incumplimiento de deberes, profundizando la crisis de gobernabilidad entre los poderes del Estado.