Empresarios privados cierran filas en contra de una posible nacionalización de autos “chutos”

El presidente de la Federación Departamental de Empresarios Privados, Rolando Kempff ha manifestado su firme desacuerdo con la posibilidad de la nacionalización de vehículos indocumentados en el país, asegurando que esta medida afecta directamente a la seguridad jurídica de las empresas legalmente constituidas, las cuales cumplen rigurosamente con todas las normativas impositivas y de importación vigentes.

"El sector empresarial manifiesta que no estaría de acuerdo con esa medida porque los empresarios privados han cumplido todas las normas para importación de sus vehículos pagando todo lo que acontece y si esto se diera estaríamos legalizando algunos autos chutos, robados, algunos autos chutos que también complicarían el mercado local y complicarían también el mercado de la gasolina y del diésel", sostuvo Kempff a la Agencia de Noticias CCB.

El gremio empresarial enfatizó que la legalización de los denominados autos "chutos" o vehículos de origen ilícito genera una competencia desleal devastadora para las concesionarias oficiales. La Cámara Automotriz de Bolivia ya ha expresado formalmente su postura en contra, señalando que el esfuerzo del sector formal por mantener empleos y pagar aranceles se ve menospreciado ante estas facilidades otorgadas al comercio informal y al contrabando.

Además del impacto económico directo en el comercio de vehículos, existe una profunda preocupación por el desabastecimiento de carburantes. La introducción masiva y sin control de estas unidades vehiculares al parque automotor nacional incrementará drásticamente la demanda de combustibles, lo que agudizará los problemas de distribución de gasolina y diésel que ya se registran en diferentes regiones del país.

Finalmente, los empresarios privados se han sumado a los reclamos generalizados del sector productivo, instando a las autoridades a revisar la medida y a priorizar el bienestar de la economía formal. Los empresarios reiteraron que la solución a los problemas económicos no debe pasar por la regularización de lo informal, sino por el incentivo y la protección de quienes operan bajo el marco de la ley.