Cámara de Comercio evalúa un año de Paz y dice que el peso de los ajustes recayó exclusivamente sobre los empresarios y el pueblo

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Eduardo Olivo señaló que, si bien el Gobierno logró tomar las decisiones económicas de eliminar la subvención a los combustibles y reducir el aparato estatal, la falta de un plan paralelo para incentivar y sostener la inversión ha provocado que el costo total de estas medidas recaiga de forma directa sobre las familias y el sector productivo del país.

"El costo de estas medidas tuvieron que ser asumidas por las familias y empresas bolivianas, pues no se implementó paralelamente un plan para alimentar y mantener las inversiones. No es justo y no podemos permitir que el sacrificio de los ajustes siga recayendo solamente en quienes producen, comercian y generan empleo", sostuvo Olivo.

Señaló que a este panorama se suma la persistente inestabilidad del dólar, un factor que impide a los comerciantes planificar sus costos operativos y definir precios finales a mediano y largo plazo. Como consecuencia directa de esta incertidumbre, la economía nacional se contrajo más de un 3% durante el primer semestre, dejando a su paso una estela de emprendimientos quebrados y negocios cerrados.

El impacto social de esta contracción económica ha golpeado con dureza a la población, traduciéndose en fuentes laborales perdidas y hogares que hoy deben subsistir con presupuestos mucho más reducidos que hace un año. Esta realidad demuestra que el costo de la estabilización macroeconómica está siendo asumido de forma desproporcionada por el pueblo y el empresariado boliviano.

El representante de los empresarios del país recalcó que ante los compromisos asumidos por el Estado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es imperativo cumplir con la reducción del gasto y la planilla estatal, cerrar empresas públicas deficitarias y garantizar la plena independencia del Banco Central para desvincular la economía de la política.

Finalmente, el representante empresarial hizo un llamado urgente al Órgano Ejecutivo para que inste al Legislativo a aprobar leyes que protejan al empresariado nacional y garanticen una sólida seguridad jurídica, condición indispensable para atraer nuevas inversiones y reactivar el aparato productivo del país.