Transporte libre denuncia retenciones bancarias arbitrarias por impuestos de vehículos

El secretario ejecutivo del Transporte Libre de La Paz, Limber Tancara, expresó su profunda preocupación tras registrarse de manera imprevista múltiples cobros y congelamientos en cuentas bancarias de propietarios de vehículos por presuntos adeudos tributarios. La dirigencia calificó esta medida municipal como una vulneración a las garantías constitucionales y exigió explicaciones inmediatas a las autoridades ediles frente a un procedimiento aplicado sin notificación ni aviso previo.

"El día de ayer hemos tenido más de 40 denuncias de nuestros compañeros transportistas que han vendido sus movilidades donde directamente se les han debitado, descontado de sus cuentas bancarias, de diferentes aplicaciones digitales de transferencia, el monto de impuestos que ni ellos sabían que debían", aseveró el dirigente del sector al presentar la denuncia pública ante los medios de comunicación.

La dirigencia explicó que las afectaciones responden a transferencias de vehículos realizadas tiempo atrás en las que los compradores no formalizaron el pago de los impuestos correspondientes. Como consecuencia, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz aplicó retenciones judiciales sobre las cuentas de los antiguos propietarios, imputándoles deudas acumuladas durante años por automotores que ya no se encuentran en su posesión.

Asimismo, los representantes advirtieron que esta problemática no solo perjudica a los choferes del transporte público, sino a cualquier ciudadano que haya transferido un vehículo dentro de la jurisdicción paceña. Ante este panorama, anunciaron la presentación de una nota formal dirigida al alcalde Iván Arias para frenar los débitos automáticos y revisar los procedimientos ejecutados por la Administración Tributaria Municipal (ATM).

Finalmente, el sector recordó que en gestiones anteriores se lograron frenar medidas similares mediante la concertación e instó al Ejecutivo municipal a entablar un diálogo transparente. Los dirigentes concluyeron señalando que se mantendrán en estado de alerta a la espera de una respuesta oficial que aclare las razones de estas sanciones económicas y garantice el derecho al debido proceso de los afectados.