Emiten mandamiento de apremio contra alcalde de La Paz por deudas salariales a trabajadores del relleno sanitario Sack'a Churu

El secretario general del Relleno Sanitario Alpacoma Sack'a Churu, Antonio Huaycho, denunció este lunes la vulneración de sus derechos laborales debido al adeudo de siete meses de salarios por parte de las autoridades municipales, advirtiendo que ya existe una orden judicial de apremio en contra del alcalde César Dockweiler si no cumple con la cancelación inmediata de los sueldos devengados.

 Tras recurrir a un juzgado laboral que ratificó la obligación del municipio de abonar los haberes pendientes, los afectados denunciaron sufrir acoso y calificaron de falsas las aseveraciones de las autoridades que los tildan de “extrabajadores”, asegurando que continúan desempeñando sus funciones en áreas del relleno sanitario en alpacoma.

“Ratifican que se debe dar con el cumplimiento del pago de salarios a todos los trabajadores. Ante ello también las autoridades no han dado cumplimiento a esta situación, por eso los trabajadores también hemos acudido a un auxilio judicial que es el juzgado laboral. Lo mismo también nos han dado la razón, han ratificado de que se tiene que dar con el cumplimiento del pago de salarios a los trabajadores, pero no cumplen las autoridades municipales, entonces finalmente este viernes ha salido esa aprehensión para el alcalde actual César Dockweiler”, sostuvo Huaycho.

La medida legal surge a raíz del incumplimiento reiterado de los compromisos laborales asumidos por la administración municipal. Según explicaron los afectados, ante la negativa y la falta de respuesta de las autoridades locales, la justicia laboral emitió una resolución obligatoria en la que se fija un plazo definitivo para la cancelación de las obligaciones salariales bajo advertencia de aprehensión del burgomaestre.

El gremio expresó su indignación frente a lo que consideran un constante acoso laboral y desmintió categóricamente las versiones oficiales que pretenden restar validez a sus reclamos catalogándolos como personal desvinculado. Aclararon que cualquier inspección en los lugares de trabajo puede comprobar que los obreros continúan prestando servicios activamente en beneficio de la comunidad.

Finalmente, los trabajadores reiteraron que se mantendrán firmes en sus protestas y exigencias hasta que se haga efectivo el pago total de los siete meses adeudados a 42 trabajadores afectados. Reafirmaron que siempre han sido respetuosos de las normas y autoridades, pero que no permitirán más atropellos a sus derechos fundamentales, por lo que exigirán el estricto cumplimiento de la orden dictada por el juzgado.