Tras aprobación de informe de ALP sobre 54 implicados en el caso “gasolina basura” mineros exigen a la justicia dar con todos los responsables

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, Andrés Paye, exigió este viernes a las autoridades judiciales una investigación profunda y vertical sobre las irregularidades en la distribución de combustibles en el país. El sector denunció que, además de los severos problemas de desabastecimiento de diésel y gasolina, la población continúa recibiendo combustible de dudosa calidad y de múltiples tonalidades, situación que representa un daño sistemático para la población boliviana.

"Se tiene que ver este daño que ha generado y continúa generando al país en el tema de quienes son las cabezas, quiénes están por encima, o es que es ese nivel el que realmente hace el daño total en el tema de lo que es la gasolina basura. Hoy en día, desafortunadamente, continúa el tema de lo que es, aparte de la falta de abastecimiento de gasolina y diésel, aún se ve todavía ese combustible de diferentes colores; creo que el pueblo boliviano no merece tal trato", sostuvo Paye a la Agencia de Noticias CCB.

El representante de los mineros del país señaló que la justicia no debe favorecer a algunos y a otros hacerse de la vista gorda, asegurando que las investigaciones deben llegar a las más altas cabezas de hidrocarburos y no solo a algunos cargos de bajo rango, por lo que exigió que la justicia debe ser imparcial y caer con todo el peso de la ley contra quienes hicieron daño a la población boliviana con la gasolina basura.

Por otra parte, Paye, aseguró que este tipo de problemas no sea una excusa para intervenir YPFB y que se quiera meter manos extranjeras a una empresa que es estratégica para los bolivianos, recordando que la Constitución Política del Estado establece con claridad que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es la única entidad facultada para llevar a cabo la prospección, producción, comercialización y transporte de hidrocarburos. Advirtieron que cualquier intento de desplazar o defenestrar a la empresa estatal para abrir paso a intereses extranjeros vulnera la norma suprema y debe ser sancionado conforme a la ley.