Defensa de expresidente Luis Arce denuncia irregularidades judiciales e "inflación artificial" de daño económico para evitar la prescripción de su caso

La defensa legal del expresidente Luis Alberto Arce Catacora denunció públicamente la decisión judicial que rechazó la Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción en su contra. Según la representación del exmandatario, la autoridad jurisdiccional aplicó arbitrariamente una cifra global correspondiente a la totalidad de los proyectos del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FONDIOC) de los años 2010 y 2011, en lugar de considerar únicamente el monto auditado del proyecto específico objeto de la investigación.

"Esta decisión se sustenta en una maniobra procesal que consiste en abandonar el monto real y auditado del único proyecto investigado para reemplazarlo por la sumatoria de todos los desembolsos del FONDIOC en las gestiones 2010 y 2011, con el propósito de forzar la imprescriptibilidad del caso y mantener privado de libertad a un paciente oncológico", afirmó el equipo jurídico de la defensa.

De acuerdo con el equipo legal, el hecho atribuido —su participación en una reunión del Directorio del ex FONDIOC en noviembre de 2009— ocurrió hace más de 16 años, superando holgadamente el plazo máximo de prescripción de ocho años fijado por el Código de Procedimiento Penal. Asimismo, señalaron que el único desembolso auditado en el caso del "Proyecto Tomates" asciende a Bs 669.876,46, monto que representa solo el 9,57% del umbral de Bs 7.000.000 exigido por la Ley N° 1390 para establecer la imprescriptibilidad por grave daño económico al Estado.

Adicionalmente, se advirtió la vulneración del principio constitucional del non bis in idem o prohibición de doble juzgamiento. La defensa sostuvo que la Fiscalía sumó proyectos como "Tomates" y "Miel" dentro del monto global de Bs 327.910.243, pero al mismo tiempo abrió procesos penales paralelos por cada uno de dichos proyectos de manera independiente, lo cual fragmenta la causa y vulnera las garantías constitucionales del debido proceso.

"Alertamos a las ocho organizaciones matrices y a todas las comunidades beneficiarias de proyectos del FONDIOC: la misma lógica acusatoria que hoy se aplica contra un expresidente será utilizada mañana para perseguir, fragmentar y debilitar al movimiento social organizado de Bolivia", advirtieron los abogados.

La representación técnica cuestionó la atribución de una "responsabilidad objetiva", indicando que calificar de forma automática el 100% de los desembolsos nacionales de una entidad pública como daño económico vulnera la presunción de inocencia y la responsabilidad penal personal. Añadieron que informes de la propia Interventora del FONDIOC acreditan que cientos de los proyectos financiados en dicho periodo sí se concluyeron y cumplieron sus objetivos institucionales.

Finalmente, el equipo legal ratificó que interpuso un recurso de apelación incidental de manera inmediata y que continuará agotando los mecanismos de impugnación dentro del ordenamiento jurídico nacional. Asimismo, informaron que acudirán a instancias internacionales de protección de derechos humanos y llamaron a la comunidad internacional y a la sociedad civil a mantener vigilancia sobre este proceso judicial.