Transporte pesado asegura DS 5676 no afecta a su sector; sin embargo, pide aclaración al Gobierno

El presidente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado, Alvaro Ayllón, sostuvo este lunes que la nueva normativa dictada por el Gobierno sobre el precio del diésel está orientada de manera exclusiva hacia los grandes consumidores actividades productivas de gran escala —como la agroindustria, la minería y la construcción—, las cuales requieren combustible para maquinaria pesada y no se abastecen habitualmente en estaciones de servicio. Ante este escenario, el gremio del transporte sostiene que sus afiliados deben mantener la compra del insumo al precio regulado de 9.80 para continuar operando con normalidad y sin alterar los costos del servicio al público.

“Nosotros consideramos que el decreto está enfocado para la agroindustria, la minería, la construcción y otras actividades que requieren combustible para su maquinaria y no tienen la posibilidad de ir a los surtidores a poder abastecerse. En cuanto al sector de transporte, nosotros deberíamos seguir comprando al precio de combustible de 9.80 para poder continuar con nuestras actividades de forma normal. En ese sentido, no debería afectarnos como sector de transporte”, manifestó Ayllón a los medios de difusión.

Los representantes del rubro indicaron que es fundamental que las autoridades nacionales aclaren de manera formal el alcance del Decreto Supremo. Advirtieron que, en caso de que la norma llegue a impactar de alguna forma en sus costos, solicitarán una reunión de emergencia con el Ejecutivo para revisar los criterios adoptados y fijar una postura clara en resguardo de la estabilidad de sus operaciones.

Asimismo, el gremio descartó asumir cualquier incremento adicional, recordando que en gestiones pasadas ya aceptaron ajustes de costos en un contexto donde se justificaba nivelar precios. Sin embargo, enfatizaron que la situación actual del transporte es sumamente delicada debido a las pérdidas acumuladas durante el año por los constantes bloqueos de carreteras, los incrementos de costos operativos y las prolongadas filas en los surtidores.

A su vez, Ayllón, aclaró que los rubros productivos como la minería y la agroindustria ya venían adquiriendo el carburante en el mercado a precios elevados, por lo que el decreto debería servir únicamente para que dichas industrias adquieran el producto directamente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) al precio correspondiente, garantizando el suministro sin distorsionar la tarifa del transporte de pasajeros.