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Sector de la construcción denuncia paralización del 90% de proyectos de obras públicas por incremento del diésel

CCB / Miércoles 16 de Septiembre de 2026
Presidente Nacional de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Pascual Velásquez.

El presidente Nacional de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Pascual Velásquez, denunció este miércoles que el DS 5676 ha afectado de manera directa la estabilidad económica de diversos proyectos de infraestructura en el país, asegurando que actualmente el 90% de los proyectos suscritos desde la gestión pasada se encuentran paralizados.

Representantes del sector advierten que la medida profundiza el desequilibrio financiero, anulando los avances logrados previamente tras los ajustes en las fórmulas de precios y comprometiendo la ejecución de numerosas obras públicas que se encuentran actualmente paralizadas.

“El tema de la liberación del precio del diésel a 18 bolivianos de nuevo ha generado, una variación tanto de los materiales, de los factores de producción nacional y, por lo tanto, de nuevo ha generado ese desequilibrio. Todas las obras que han sido firmadas con anticipación hace un año atrás el 90% están paralizadas”, sostuvo Velásquez.

Esta situación mantiene a múltiples entidades y empresas en una profunda incertidumbre, ya que mientras algunas instituciones logran gestionar la actualización presupuestaria para continuar con sus contratos, muchas otras permanecen a la espera de lineamientos claros que les permitan absorber el incremento en los costos del carburante. Los afectados señalaron que el impacto es especialmente crítico en aquellas obras que dependen de maquinaria pesada, transporte de áridos y movimiento de tierras, donde los presupuestos iniciales han quedado completamente rebasados.

Ante este panorama, el sector ha exigido a las autoridades mayor agilidad en la toma de decisiones administrativas para destrabar los trámites de reajuste de precios y evitar que la paralización de obras se extienda indefinidamente.

Se advirtió que, sin una respuesta oportuna y un mecanismo eficiente que se adapte al nuevo costo del diésel, la inversión pública en infraestructura sufrirá un retroceso significativo que afectará el desarrollo regional y la generación de empleos formales vinculados a la construcción.

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