Choferes exigen precio único de diésel a Bs9,80; aseguran que si privados van a importar Ministerio de Hidrocarburos debe desaparecer

El secretario de Conflictos de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, Sandro Arraya, manifestó su profunda preocupación ante la persistente escasez de combustible que afecta al transporte, asegurando que se debe abrogar el DS 5676 y volver a un precio único del diésel, puesto que hasta el momento las medidas asumidas solo han favorecido la intermediación de revendedores en lugar de solucionar el desabastecimiento.

"Para la ANH desde un escritorio es lindo decir que va a bajar a 16, pero la para la gente de a pie, para la población boliviana eso no es dable. El diésel debe costar 9,80 y ahí debe cristalizarse todo. Ahora de repente los empresarios que van a importar, que lo importen, que lo hagan, pero ya no vale la pena que haya un Ministerio de Hidrocarburos”, sostuvo Arraya.

El dirigente de los chofere cuestionó el decreto 5676 puesto que el mismo estaría dando prioridad al mercado negro, revendedores y al contrabando, por lo que no está solucionando y cumpliendo el objetivo de bajar las filas por combustibles en las estaciones de servicio.

“Que ha lanzado el Gobierno ¿qué está dando? Está dando prioridad a los revendedores, no digo empresarios, revendedores, porque ellos están revendiendo el diésel a nosotros mismos los bolivianos", afirmó.

El sector insiste en que fijar un precio tope accesible es indispensable para estabilizar los costos operativos y evitar que el costo de vida siga escalando.

Asimismo, la dirigencia puso en duda la efectividad e intermediación del aparato estatal, cuestionando la permanencia del Ministerio de Hidrocarburos si sus funciones se limitan a la intermediación en la compra y venta de carburantes. Argumentan que una sola dirección ejecutiva bastaría para supervisar las operaciones si se permite a los privados o importadores directos operar en la importación y comercialización de diésel.

Finalmente, el sector advirtió que las normativas promulgadas recientemente benefician a especuladores y revendedores de combustible en lugar de proteger el bolsillo de los consumidores finales. Ante este escenario, reiteraron su posición de salir a las calles tras la conclusión del estado de excepción.