Lara cuestiona a la comisión interventora de YPFB y alertó de un presunto proceso de privatización de los hidrocarburos
Lara denunció que las recientes decisiones del Gobierno parecen orientar al sector hacia un incipiente proceso de privatización de la estatal petrolera. La transferencia de funciones clave a privados y el paulatino repliegue de YPFB en la comercialización han sido calificados como un retroceso que pone en riesgo las inversiones millonarias realizadas a lo largo de los años para la soberanía energética del país.
El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edman Lara, expresó su profunda preocupación tras la conformación de la comisión de intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), señalando una pérdida de credibilidad en la composición de la misma al estar integrada por ministros cuestionados.
"Llama la atención que los que componen la comisión de intervención sean los mismos ministros cuestionados y que han perdido credibilidad, ministros manchados de corrupción que ahora están de interventores. Yo me pregunto y seguramente ustedes se preguntarán, y lo dijo el ministro de Hidrocarburos, 'poco a poco YPFB dejará de comercializar carburantes', dice. Entonces, ¿cuál es el camino, a dónde están yendo?", cuestionó el Vicepresidente en conferencia de prensa.
En ese sentido, surgieron interrogantes sobre el futuro de los activos estratégicos de la empresa estatal si esta se limita únicamente a las labores de exploración y explotación. La preocupación gira en torno al destino de los tanques de almacenamiento, ductos y redes de distribución que costaron millones de dólares al Estado, advirtiendo sobre la posibilidad de que estos bienes sean entregados, alquilados o cedidos a terceros de forma irregular.
Lara denunció que las recientes decisiones del Gobierno parecen orientar al sector hacia un incipiente proceso de privatización de la estatal petrolera. La transferencia de funciones clave a privados y el paulatino repliegue de YPFB en la comercialización han sido calificados como un retroceso que pone en riesgo las inversiones millonarias realizadas a lo largo de los años para la soberanía energética del país.
Finalmente, se instó de manera directa al ministro de Hidrocarburos y al Presidente del Estado a dar explicaciones claras y transparentes a la población sobre el destino que se le dará a toda la infraestructura hidrocarburífera estatal. Se exigió una respuesta urgente para garantizar que el patrimonio nacional sea resguardado y que las medidas adoptadas no atenten contra los intereses económicos del pueblo boliviano.
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