Presentan acción de inconstitucionalidad contra designación de Fiscal General interino y denuncian vulneración del debido proceso

Los diputados Claudia Herbas y Rolando Pacheco, de Alianza Popular, ante la designación del fiscal interino realizada el viernes pasado en la ALP, presentaron formalmente una acción de inconstitucionalidad, argumentando que el proceso carece de legitimidad jurídica y vulnera preceptos fundamentales de la Constitución Política del Estado. Los denunciantes señalaron que este tipo de nombramientos a “medianoche” evitan el debate transparente y debilitan la institucionalidad judicial en el país.

“Nosotros, como ha mencionado el compañero Pacheco, estamos presentando una acción de inconstitucionalidad totalmente sustentada en la Constitución Política del Estado, porque esta designación se ha hecho entre gallos y medianoche, donde no se ha visto la presunción de inocencia de los acusados. Y como bien se dice, nadie está defendiendo a personas, estamos hablando de la institucionalidad y del respeto a la Constitución Política del Estado”, sostuvo Herbas.

Asimismo, los actores políticos criticaron severamente que la designación soslaye los mecanismos regulares de fiscalización y control legislativo, advirtiendo que se pretende consolidar un escenario de impunidad frente a las demandas de transparencia exigidas por la ciudadanía y los diferentes sectores sociales. A su criterio, la falta de consenso y el carácter autoritario de estas decisiones judiciales profundizan la crisis institucional y erosionan la confianza en la administración de justicia.

Eenfatizaron que el recurso busca restituir el orden jurídico y frenar cualquier intento de manipular los órganos del Estado en función de intereses políticos coyunturales, exigiendo que se anulen los efectos del nombramiento hasta que se emita un fallo constitucional definitivo sobre el caso.

Finalmente, advirtieron que se mantendrán vigilantes y firmes en sus medidas de fiscalización parlamentaria y social, exigiendo que las instituciones del Estado actúen con absoluta transparencia, apego estricto a las normas y respeto irrestricto a los derechos y garantías constitucionales de todos los bolivianos.