Tras revelaciones de Beller, Libre denuncia presunto entramado de corrupción en contratación de seguros estatales

La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, denunció la existencia de un presunto esquema irregular en la contratación de seguros para empresas estatales, el cual involucraría la intermediación de un "grupito de asesores" destinados a desviar recursos públicos, tras las investigaciones que se hizo luego de la denuncia de la activista Nadia Beller en contra el exasesor de confianza de Rodrigo Paz, el argentino Fernando Cerimedo.

De acuerdo con la denuncia, el Estado destina anualmente cerca de 200 millones de bolivianos a la adquisición de pólizas para firmas públicas, de los cuales aproximadamente 10 millones habrían sido destinados a pagar comisiones a intermediarios innecesarios. Ante este escenario, la bancada opositora anunció el inicio de peticiones de informe escrito a los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo y advirtió con interponer demandas penales por daño económico al Estado.

"Estamos planteando una petición de informe escrita para que puedan esclarecer el por qué se ha contratado asesores para contratar seguros de varias empresas cuando ni en el gobierno de Luis Arce Catacora se hacía esta contratación. Estamos hablando de que el Estado aproximadamente gasta 200 millones en contratar seguros para empresas, de los cuales más o menos 10 millones se iban o se van en este momento a estos asesores (...) una vez que nosotros tengamos las respuestas a las peticiones de informe, vamos a plantear la denuncia por la vía penal por daño económico al Estado", aseveró la diputada al fundamentar las acciones de fiscalización.

La legisladora cuestionó que entidades estatales como Univida y Uniseguros —que históricamente proveían cobertura a la mayoría de las empresas públicas— hayan comenzado a requerir intermediación privada bajo la actual administración. Según explicó, en gestiones pasadas las contrataciones se realizaban de forma directa a través del personal propio de las instituciones, por lo que la incorporación de asesores externos constituye un mecanismo sistemático de cobro indebido de comisiones.

En este sentido, las peticiones de informe formalizadas están dirigidas al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. A través de estos requerimientos, la Asamblea Legislativa exige conocer las identidades de los asesores contratados, los tipos de contrato suscritos, los mecanismos de designación y la justificación técnica del pago de porcentajes que rondan el 5% del valor total de las pólizas.