Asambleístas cuestionan nuevo decreto de importación de gas y alertan sobre la pérdida de soberanía energética

La senadora de Alianza Libre, Elena Pachacute, dio a conocer su rotundo rechazo ante las recientes disposiciones del Gobierno, señalando que bajo el justificativo de la "prevención" se han implementado medidas económicas drásticas —como el incremento de tarifas eléctricas, el diésel y el gasolinazo— que ahora culminan en un decreto para importar gas licuado y natural a precios internacionales sin la transparencia ni los detalles técnicos necesarios sobre costos y países de origen.

“Yo lamento mucho que este decreto no tenga cuánto, cómo, costos, de qué países vamos a importar. Como boliviana, realmente me duele: el año 99 Bolivia tenía reservas entre cinco a ocho billones de metros cúbicos, ¿dónde está el gas? ¿Dónde se ha ido la plata del gas?”, cuestionó con firmeza Pachacute.

Recordó que a finales de la década de los noventa el país albergaba reservas monumentales de gas que alcanzaban entre cinco y ocho billones de metros cúbicos, un recurso estratégico cuya riqueza histórica fue dilapidada por sucesivas administraciones. Asimismo, se advirtió la paradoja de que los gasoductos nacionales sean hoy utilizados por terceros países mientras los bolivianos se ven obligados a adquirir el recurso a costos internacionales sumamente elevados.

El sector también cuestionó severamente la incapacidad gubernamental para impulsar políticas de industrialización y mecanismos de nuevas exploraciones hidrocarburíferas. En lugar de exportar gas con valor agregado y fortalecer la producción interna, se lamenta que el país haya pasado de vender a precios mínimos a tener que importar bajo esquemas que socavan gravemente la economía nacional.

Finalmente, exigió al Ejecutivo replantear su enfoque estratégico y adoptar soluciones estructurales en lugar de medidas paliativas que profundizan la crisis. Señaló que la falta de visión a largo plazo y la dependencia de costosas importaciones representan un golpe insostenible para el desarrollo económico y el bienestar de la población boliviana.