Gobierno formaliza denuncia ante la fiscalía por millonaria deuda e irregularidades en termoeléctricas

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), en coordinación con la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra exministros y exfuncionarios por presuntos malos manejos financieros y corrupción en la ejecución de tres plantas termoeléctricas del país.

«No vamos a permitir, bajo ningún motivo, que se hagan actos de corrupción o se hayan llevado actos de corrupción sin que estos sean castigados”, manifestó el ministro de Hidrocarburos Marcelo Blanco en conferencia de prensa, al remarcar la postura firme de la institución frente a las irregularidades detectadas.

La investigación detalla que las anomalías se centran en los proyectos de ciclos combinados de las termoeléctricas de Warnes, Del Sur y Entre Ríos, los cuales fueron financiados mediante créditos del Banco Central de Bolivia (BCB) que ascienden a la millonaria suma de Bs 9.614 millones, de los cuales un saldo de Bs 8.307 millones (equivalente al 86,4%) permanece impago.

Asimismo, las autoridades del sector energético y de control revelaron que los proyectos sufrieron una sobredimensionada planificación al invertir masivamente en turbinas a gas en un contexto nacional donde las reservas del hidrocarburo escaseaban, prescindiendo en muchos casos de licitaciones regulares y sustentos técnicos que justificaran tales operaciones.

Como resultado de estas pesquisas conjuntas que duraron un año, la denuncia formal interpuesta ante la Fiscalía alcanza a un total de 23 personas acusadas por delitos como conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, solicitando además medidas cautelares para impedir la fuga o el traspaso de bienes de los implicados.

Finalmente, el ministro aclaró que serán el Ministerio Público y los tribunales competentes los encargados de individualizar las responsabilidades y tipificar los grados de culpabilidad, reafirmando el compromiso estatal de sanear la administración de las empresas públicas bajo los principios de legalidad y transparencia.