Alistan acusación contra 7 implicados en el caso Belaunde
El empresario a su vez es procesado en el país, pero la situación es complicada debido a que él guarda detención preventiva en Perú. Quispe indicó que se debe analizar alguna salida alternativa, pues será difícil lograr la extradición y, al tratarse de un caso de corrupción, no puede extinguirse la acción penal contra él.
El Ministerio Público alista la acusación formal contra siete implicados en el caso Belaunde, por delitos como favorecimiento a la evasión y cohecho pasivo.
Tres policías, dos exvocales y dos exfuncionarios del Ministerio de Gobierno comparecerán en juicio ante un juez en unas cuatro semanas, aproximadamente.
"En un mes, más o menos, vamos a presentar acusación en este caso contra siete personas. Nos falta por el
momento hacer unas pericias que tienen que ver con apertura de equipos y unas declaraciones”, informó la fiscal asignada al caso, Jenny Quispe.
Belaunde llegó a Bolivia en diciembre de 2014 y pidió refugio político. En su país un juez había dictado detención preventiva en su contra por utilizar una empresa para encubrir una presunta organización delictiva.
El refugio le fue negado y poco antes de que se lo extraditara, escapó, en mayo de 2015. Él guardaba detención domiciliaria en La Paz, en la casa de Jorge Arista (El Curaca Blanco) por instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Se presume que en su fuga obtuvo ayuda de agentes del Ministerio de Gobierno y de los policías que eran sus custodios.
Además de la evasión, la Fiscalía investiga a dos exvocales en La Paz, Ricardo Chumacero y Ramiro López, quienes habrían recibido sobornos para conceder al peruano un amparo constitucional que le serviría para obtener el refugio que ansiaba.
La fiscal Quispe añadió que se tramita también juicios abreviados por complicidad en cohecho activo contra otros dos implicados, Jorge Valda, quien fuera abogado de Belaunde, y Arista, quien lo alojó en su domicilio. Ambos reconocieron su culpa.
El empresario a su vez es procesado en el país, pero la situación es complicada debido a que él guarda detención preventiva en Perú. Quispe indicó que se debe analizar alguna salida alternativa, pues será difícil lograr la
extradición y, al tratarse de un caso de corrupción, no puede extinguirse la acción penal contra él.
"Eso vamos a tener que buscar alguna alternativa, incluso ir a juicio a través de conferencias (vía internet)”, explicó la fiscal.
