El presidente Luis Arce Catacora informó este viernes que promulgó la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral.

“Promulgamos esta ley escuchando al pueblo, tomando los acuerdos del encuentro en Cochabamba, el trabajo de la Comisión Técnica de Trinidad y manteniendo la palabra que di a las organizaciones sociales, el Censo se llevará el 23 de marzo de 2024”, anunció el jefe de Estado en un mensaje al país.

La norma, aprobada el pasado 26 de noviembre por el pleno de Diputados y sancionada el 29 de noviembre por el Senado, recoge en esencia los contenidos del Decreto Supremo 4824 que fija para el 23 de marzo de 2024 la realización del Censo de Población y Vivienda.

En ese sentido, establece que en base a los datos oficiales de población del Censo que emitirá el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024.

De manera adicional, la norma determina que el Instituto Nacional de Estadística (INE) remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales de población del Censo “para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafo V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicaría en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

En su mensaje, el presidente defendió la legalidad de la nueva norma, negó que fuera “una ley de la derecha” sino promovida por legisladores del MAS-IPSP y que permitió que el paro sea levantado luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, el pasado 26 de noviembre.

Luego de revelar que la norma tuvo el respaldo del Bloque Oriente, entidad que aglutina a las organizaciones sociales del departamento de Santa Cruz, que tuvieron que enfrentar los 36 días de paro donde el Comité Interinstitucional “aplicó una lógica dictatorial” en contra de quienes no apoyaban la medida, negó que se hubiera generado un acuerdo con las bancadas de la oposición para su sanción en el Legislativo.

“Evitar que se consuma un golpe de Estado, que haya derramamiento de sangre del pueblo, no es tradición. La vida es el valor supremo a cuidar y mientras esté como presidente haré todo lo que esté en mis manos sin tranzar mis principios políticos e ideológicos para que no se derrame la sangre del pueblo”, enfatizó Arce.

En la ocasión, el jefe de Estado criticó la actitud de los dirigentes de Santa Cruz que “truncaron todos los escenarios de diálogo” e impidieron solucionar el conflicto llevando a la región a un paro injustificado por 36 días.

De acuerdo con Arce, nunca hubo una “voluntad de diálogo” de la dirigencia cruceña, en cambio optó por mantener “un bloqueo forzoso” en procura de generar una “convulsión social” para propagar la violencia no solo en Santa cruz sino en todo el país con la conminatoria hecha a los otros departamentos en el cabildo del 13 de noviembre.

Resultado de la medida de presión se registraron fallecidos, una sistemática violación a los derechos humanos, una denuncia de violación grupal, restricciones a los derechos fundamentales como el trabajo y la libre expresión, pérdidas económicas por $us 1.200 millones y ataques a sedes de varias organizaciones sociales.

El Jefe de Estado afirmó que ninguno de estos hechos quedará en la impunidad y que se sentará un precedente para “que nunca más una persona sea agredida por pensar diferente”.