El Yassir Molina, uno de los líderes de la paraestatal Resistencia Juvenil Cochala (RJC), afirmó que contará la verdad de lo ocurrido durante la crisis de 2019 para “dar con los verdaderos autores intelectuales”, en el marco de su solicitud de someterse a un proceso abreviado por los hechos de violencia en puertas de la Fiscalía General del Estado en 2020.

En la solicitud dirigida al fiscal General, Juan Lanchipa, Molina afirma: “Necesariamente debo brindar información fidedigna sobre el grado de participación y autoría sobre los hechos acaecidos durante los meses de septiembre a diciembre de la gestión 2019”.

En el memorial identifica a Diego Murillo Téllez, actual concejal; Manfred Reyes Villa, actual alcalde de Cochabamba; Arturo Murillo, exministro de Gobierno; Mauricio Arturo Muñoz; Marcelo Pierola; Rómulo Calvo, actual cívico y uno de los líderes del actual paro en Santa Cruz; Luis Terán, Jorge Valda, abogado del Comité pro Santa Cruz; Gualberto N.N., en su momento dirigente del autotransporte; “entre muchos otros más”.

El actual gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, fue uno de principales actores de la crisis de 2019, porque estaba al frente de los cívicos. Calvo era el segundo al mando.

En una breve intervención en el inicio del juicio, aplazado para este martes, Molina informó de su decisión para “llegar a la verdad de los hechos” y “dar con los verdaderos autores intelectuales” de la crisis de 2019, porque –afirmó, según la versión digital de Correo del Sur,- que los de la Resistencia Juvenil Cochala “hemos sido instrumentalizados y otros ni siquiera han sido participes del hecho”.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificó en su informe sobre los hechos de violencia y muerte de 2019 de paraestatales a la RJC y a la Unión Juvenil Cruceñista, brazo operativo del Comité pro Santa Cruz. El grupo de Molina iba en motos por la ciudad de Cochabamba agrediendo a todas las personas que identificaba como afines al MAS o, simplemente, por vestir de pollera.

Molina está procesado, junto a Mario y Fabio Bascopé, y Milena Soto, por causar destrozos en el edificio de la Fiscalía General del Estado y por presuntamente constituirse en una organización criminal que protagonizó disturbios en la capital del Estado durante la crisis política y social de 2019.

En el inicio del juicio, pidió este lunes someterse a proceso abreviado, lo que implica admitir su culpabilidad en la causa abierta en su contra.